La medida fue determinada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que aseguró que durante la investigación y el juicio contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT) se violaron sus derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, a la privacidad y sus derechos políticos.
El órgano presentó el pasado jueves sus conclusiones sobre la denuncia presentada por el ex mandatario sobre cómo fue llevado a juicio en la investigación de corrupción más grande de la historia de Brasil, expediente conocido como Lava Jato.
Los expertos del Comité reconocieron la obligación de los Estados de indagar y enjuiciar a los funcionarios públicos independientemente de su jerarquía, pero subrayaron que estas averiguaciones deben realizarse dentro del marco de la ley.
Lula da Silva fue presidente de Brasil de 2003 a 2010. En 2016 se lo investigó por supuesta participación en dos hechos de corrupción dentro del escándalo que involucró a la empresa Petrobras, compañías constructoras y políticos brasileños para obtener fondos secretos de campaña.
La investigación estuvo a cargo del ex juez federal en lo Penal Sergio Moro, quien ordenó escuchas al ex mandatario, su familia y abogado. Esos audios fueron difundidos a la prensa antes de formular cargos formalmente.
Asimismo, el Comité de DDHH de la ONU advirtió que el ex magistrado también emitió una orden judicial de detención a Lula para interrogarlo y que la orden se filtró a la prensa, lo que dio lugar a fotografías del ex presidente que lo hicieron aparecer como si estuviera arrestado.
El órgano de las Naciones Unidas explicó que la orden de arresto violó la ley interna y el derecho a la libertad personal de Lula y que las escuchas telefónicas y la divulgación de sus conversaciones al público violaron su derecho a la privacidad.
«Los Estados tienen el deber de investigar y enjuiciar los actos de corrupción y de mantener informada a la población, especialmente cuando se trata de un exjefe de Estado; sin embargo, tales acciones deben llevarse a cabo de manera justa y respetar las garantías del debido proceso», dijo Arif Bulkan, integrante del Comité.
Luego de la determinación de las Naciones Unidas, el presidente Alberto Fernández celebró la medida: «Al reconocer la persecución a Lula abre un nuevo horizonte para quienes luchamos contra el lawfare, por una Justicia íntegra y por la vigencia plena de la democracia y del Estado de derecho».
«Hoy le escuché decir a mi querido amigo Lula que esto representa para él un `lavado del alma´. No pude dejar de recordar sus palabras y el abrazo que nos dimos cuando lo visité en los días en los que estuvo detenido, sometido a una injusta prisión», señaló el mandatario a través de su cuenta de Twitter.
Y agregó: «Con la alegría de esta noticia, renuevo mi cariño y mi solidaridad incondicional con Lula, con la esperanza de que un nuevo tiempo asome en América Latina».
FERNÁNDEZ CELEBRÓ LA «LUCHA CONTRA EL LAWFARE», LUEGO QUE LA ONU RECONOCIÓ QUE LULA SUFRIÓ UNA PERSECUCIÓN EN LA CAUSA LAVA JATO
La ONU reconoció que el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sufrió una persecución por no contar con las garantías legales durante los procesos judiciales en su contra y por los que terminó en prisión.