Según se pudo confirmar en fuentes oficiales, los prefectos entraron al edificio donde vive el ex vicepresidente y ex ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner con una orden de detención firmada por el magistrado Ariel Lijo.
También se confirmó que fue detenido, por orden del juez, José María Núñez Carmona, amigo, socio y considerado como testaferro de Boudou.
La detención de Boudou se produjo días después de que, en la causa por el enriquecimiento ilícito del ex vicepresidente, el fiscal Jorge Di Lello haya pedido que varios de los imputados justifiquen el modo en el que consiguieron algunos bienes.
Lijo consideró a Boduou como el jefe de una asociación ilícita que lavó dinero. Su socio Núñez Carmona tiene el carácter de organizador de esa asociación ilícita. Para el juez hubo tres hechos de lavado de dinero por los cuales Boudou debe dar explicaciones: unos 80.000 dólares que aparecen en su patrimonio, el blanqueo que hizo su socio en el año 2009 y la compra de un departamento junto a quien era su pareja, Agustina Kämpfer.
En esa causa por enriquecimiento ilícito están investigados como testaferros de Boudou Núñez Carmona, Kämpfer, su ex empleado Alejandro Vandenbroele, entre otros. En la misma resolución de la detención, Lijo citó a indagatoria a Vandenbroele, Kämpfer y Juan Carlos López.
Entre los fundamentos esgrimidos por Lijo para detener a Boudou se halla el fallo de la semana pasada de la Cámara Federal que ordenó la detención de Julio De Vido en la causa por las irregularidades en Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Lijo consideró que «si bien se advierte que los imputados han cumplido con las obligaciones formales del proceso, el reciente fallo de la Sala II de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal establece nuevas pautas interpretativas al momento de valorar los riesgos procesales, en este sentido sostuvo ‘…a la hora de examinar la presencia de riesgos procesales no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal (…) precisamente (…) en el marco de un proceso que involucra la investigación de actos de corrupción complejos, que habrían sido desarrollados con la necesaria intervención de funcionarios de diversas áreas del Estado y al amparo de su estructura, durante un extenso período de tiempo'».
A partir de esa decisión de la Cámara Federal, Lijo explicó que «en virtud de estos lineamientos señalados por el Superior, cabe destacar que Amado Boudou ejerció el cargo de Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y posteriormente el de Vicepresidente de la Nación, lo que lo ubicó en las más altas esferas de influencia del poder estatal durante un extenso período. Esta influencia puede ser extendida a José María Núñez Carmona, a quien el Fiscal señaló como quien revestía el carácter de persona interpuesta de Boudou. De igual modo se ha acreditado el estrecho vínculo entre ambos en la causa n° CFP 1302/2012(N de la R: Caso Ciccone). Por su parte, Núñez Carmona posee cuentas en el exterior a su nombre, que registran inyección de fondos de por lo menos una sociedad panameña a través de una cuenta en la República Oriental del Uruguay por intermedio de un corresponsal alemán y de los cuales se ha tomado conocimiento recientemente. Ello evidencia la imposibilidad real de controlar el flujo de activos por los cuales se los está investigando».
Boudou, que será indagado hoy, está sentado en el banquillo de los acusados por el Caso Ciccone. Fue Lijo quien lo procesó en el año 2014, cuando era vicepresidente en ejercicio. Se lo acusa de haberse quedado a través de testaferros con la empresa Ciccone Calcográfica.
Aquella operación sucedió mientras Boudou era ministro de Economía y tenía bajo su control a la Casa de Moneda, que terminaría contratando a Ciccone –con sus nuevos dueños al mando- para imprimir billetes. El de Ciccone es uno de los casos que citó Lijo para ejemplificar el modo en que operaba la organización que para el juez comandaba el ex vicepresidente de la Nación.